|
|
|
|
Función pública vasca: El fracaso de un modelo
05/01/09. (Comunicado aparecido en "El País")
El 13 de abril de 2007 veía la luz el Estatuto Básico del Empleado Público, una ley largamente esperada y demandada por los agentes sociales, que sienta las bases del empleo en las administraciones públicas. Se iniciaba un proceso de reforma largo y complejo, cuyo objetivo principal es establecer un nuevo sistema de gestión de los recursos humanos que atraiga a la administración a los profesionales más capacitados y que estimule a los empleados públicos para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, proporcionándoles formación adecuada y brindándoles suficientes oportunidades de promoción profesional. El Estatuto está llamado a completarse mediante leyes autonómicas de desarrollo, que definirán los aspectos fundamentales del sistema de empleo público de cada comunidad autónoma, especialmente los relativos al ingreso y a la carrera profesional.
El modelo tradicional de función pública que se pretende superar mediante el Estatuto y las leyes de desarrollo está basado en conceptos anacrónicos como el de "propiedad" del puesto de trabajo o, dicho en otras palabras, la inamovilidad (salvo casos de sanción disciplinaria grave), y en un sistema de promoción en el cual, a falta de otras perspectivas, el empleado busca una mejor remuneración saltando de un puesto a otro, sin un itinerario profesional lógico o coherente. Este sistema inmovilista, en el que los puestos de trabajo se adjudican para toda la vida ha dado lugar a vicios y disfunciones que la reforma iniciada por el Ejecutivo central con el Estatuto Básico pretende corregir, fomentando la profesionalidad y, a través de ella, la calidad de los servicios públicos.
La reforma es necesaria por varias razones. En primer lugar, porque hoy día resulta socialmente inaceptable que se otorguen y se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales. En segundo lugar, porque la ausencia de una carrera profesional estructurada y de una formación adecuada ha permitido una política de recursos humanos clientelista y cortoplacista, en la que se desperdicia sin miramientos la experiencia profesional, se desprecia el talento y la capacidad, y se renuncia a incentivar el rendimiento. Finalmente, porque la ausencia de controles da lugar con frecuencia al abuso de poder, a través de mecanismos concebidos originariamente como excepcionales -convocatorias restringidas, aspirantes privilegiados, puestos de libre designación, comisiones de servicio, adscripciones forzosas, etc.-, llegando a un alto nivel de politización difícil de erradicar.
En definitiva, porque por fin se ha puesto en entredicho la credibilidad de un sistema de ingreso y ascensos supuestamente basado en la igualdad, el mérito y la capacidad, pero en el que se admiten los trajes a medida bajo diferentes fórmulas de libre designación encubierta (concursos específicos, presentación de proyectos con información privilegiada, entrevistas); en el que proliferan los altos cargos, los asesores externos y los puestos de libre designación; en el que, con el pretexto de la eficacia y la agilidad, asistimos a la hipertrofia del sector público en el que se ha volcado parte de la administración, convertido en cementerio de elefantes y agencia de colocación partidista merced a la ausencia de controles jurídicos en los procesos de selección.
Estos son los vicios y las perversiones del sistema tradicional, que han arraigado firmemente en el ámbito de la función pública vasca, ya que constituyen campo abonado para dispensar favores y prebendas de inequívoco matiz clientelista, y cuya consecuencia más nefasta es la mediocridad y la falta de profesionalidad. Esto, unido al desinterés cívico y judicial por lo que se consideran cuestiones corporativas, de régimen o disciplina interna, o simple ejercicio de las potestades de autoorganización, ha conducido a los funcionarios a una serie de patologías o disfunciones que van desde la desmotivación hasta el servilismo o el encubrimiento, pasando por el silencio cómplice, la sumisión, la obediencia acrítica o el miedo a la represión política. El panorama se completa con la constante amenaza de externalización o privatización de servicios y departamentos enteros, y con un índice de precariedad media superior al 30%.
Viciado por estas perversiones, el descrédito del sistema se ha visto incrementado recientemente en el ámbito de la Administración autonómica vasca por la retórica modernizadora al uso, unida a ciertos planteamientos demagógicos que, aprovechando la coyuntura de la crisis financiera, ahondan en las discriminaciones entre los empleados de las administraciones vascas, acusando a los desfavorecidos de buscar únicamente su propio beneficio. Nos referimos al anuncio publicado el 21 de diciembre por el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno vasco en todos los medios de comunicación, en el que, primando una vez más la presencia sobre la eficiencia, el tripartito desprestigia a los empleados de Administración General y la Ertzaintza, presentándoles ante la opinión pública como una casta de insolidarios y privilegiados.
En este contexto se ha aprobado el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales de la CAPV para 2009, que constituye el broche a una legislatura ausente de interlocución y de negociación sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Con esta pieza legislativa, magistral por lo infame y vergonzoso, el tripartito ha completado su sistema de empleo público vasco, basado en la discriminación, el servilismo dócil y la negación de la negociación colectiva y la profesionalidad. Un modelo de gestión clientelista que le ha permitido repartir los puestos de trabajo del sector público a dedo, organizando un complejo y costoso entramado de pesebres en los cuales el constante ingreso de nuevos empleados bajo los exclusivos criterios de amiguismo y favor político escapa completamente al control judicial.
Con la aprobación del citado artículo 22, auténtica bazofia jurídica, el PNV ha conseguido hacer partícipes a sus socios progresistas EA y EB de un pisoteo a la negociación colectiva sin precedentes. Tras las previsibles presiones o promesas, tanto EA como EB modificaron el sentido de su voto y se convirtieron de nuevo en la voz de su amo, mientras el PSE, con su abstención, miraba para otro lado, contribuyendo por omisión al vergonzoso resultado. Pueden estar todos seguros de que el precepto en cuestión será objeto de un juicio de constitucionalidad, que acabará tarde o temprano con su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico. Entretanto, la política de recursos humanos del Ejecutivo vasco, que ha rechazado vergonzosamente la participación sindical y la negociación colectiva, será objeto de un enjuiciamiento político, que comenzará propiciando el conocimiento informado de los ciudadanos, para lo cual los sindicatos no vamos a escatimar esfuerzos. No en vano, el Gobierno vasco es la única empresa en la que los empleados elegimos a nuestros empresarios.
CCOO, ErNE, Esan, Euspel, Si.P.E. y UGT
|